PROYECTO DE DECLARACIÓN
Declárese de Interés Social y de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la «Campaña Nacional contra la violencia Institucional».
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La “Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional” está destinada a combatir, erradicar y concientizar sobre un tipo de violencia particular que es el ejercido por el accionar ilegítimo y arbitrario de las instituciones estatales, principalmente el personal policial, que tiende a estigmatizar y castigar a jóvenes de barrios humildes por la simple razón de serlo.
Es evidente que las instituciones públicas de otros tiempos, en su discurso empoderaban la “necesidad” de encontrar un sector al que adjudicarle “los males” que ellas mismas provocaban. Es por ello que los poderes institucionales, junto con el de los grandes medios, desarrollaron este imaginario del joven humilde directamente relacionado con la delincuencia, al que “hay que controlar, perseguir y castigar”. De tal forma, el avance del Estado de Policía sobre el Estado Constitucional de Derecho, fue desarrollando medidas cada vez más punitivas, sin reparar en la violación de los Derechos Humanos en que se incurría con ello. Las políticas punitivas han conllevado a una inflación de normas penales, restricciones de derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y local, y prácticas abusivas y manifiestamente ilegales de integrantes de las fuerzas de seguridad, como ser las prácticas del gatillo fácil, apremios ilegales, torturas, hostigamiento policial en los barrios, selectividad discriminatoria de las detenciones, etc.
En el presente contexto donde se observan cambios de políticas públicas tendientes al respeto y ejercicio de los derechos, y políticas institucionales en búsqueda de disminuir los efectos más perniciosos del poder punitivo, surge la necesidad de revisar y eliminar la violencia ejercida por las instituciones estatales, tomando conciencia de que es inviable la continuación políticas de seguridad restrictivas de los derechos humanos, las cuales han provocado cíclicamente mayores índices de violencia social y mayor violencia institucional.
“Es tarea de esta campaña desarmar discursos y prácticas en torno a la seguridad basada en la lógica del `enemigo´, donde el respeto y ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos y la seguridad queda limitada a un tema punitivo y represivo”[1].
Para ello se diseñaron tres instancias en la referida Campaña; en primer lugar la construcción de una Asesoría Legal Gratuita, coordinada por el CELS, instruyendo, sensibilizando y capacitando previamente a Abogados/as y estudiantes de la carrera de Derecho a tal fin. Una Segunda instancia que, junto a una red de organizaciones, busca ejercer un control social sobre las instituciones y promoción de derechos en el territorio. Y por último una instancia de difusión y promoción cultural, política y social que invita a nuestra sociedad a debatir esta problemática.
La campaña no solamente apunta a instalar el debate social, sino también busca quebrar las naturalizaciones y estigmatizaciones, a fin de deslegitimar las distintas violencias que enfrenta nuestra sociedad día a día.
Hasta el día de la fecha, han participado personalidades destacadas como el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio R. Zaffaroni, los periodistas Horacio Verbitsky y Victor Hugo Morales, la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, la Sra. Hebe de Bonafini, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Estela de Carlotto, así como también Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra, entre otros/as.
Cabe destacar que la Ciudad de Buenos Aires no es ajena a estas prácticas ilegítimas, exponiendo la Campaña sucesos dentro de ella que denotan claros casos de violencia institucional. Es por ello que se torna necesario el reconocimiento de esta Legislatura a la mencionada Campaña, a fin de arribar a la seguridad merecida por todos/as sus habitantes; o sea, una seguridad democrática, participativa y respetuosa de los derechos humanos, donde todos/as los habitantes tengan las herramientas necesarias para distinguir y denunciar la violencia en cada una de sus formas.
Con estos fundamentos queremos dejar expuesta la importancia de instalar el tema en la agenda pública, con el fin de activar reacciones de las propias instituciones, crear conciencia en la sociedad civil y revertir así los niveles de violencia.
Es necesario quebrar las legitimaciones que sostienen el discurso de esta violencia, que afecta generalmente a los sectores más vulnerados, y posibilitar la concientización de la población sobre la temática, construyendo nuevas significaciones, condiciones de empoderamiento y autonomía.
Concebimos que es de suma importancia que desde los movimientos sociales, políticos, asociaciones y el Estado, incluyendo a toda la sociedad, se dé el puntapié para tratar estos temas que deben estar en la agenda de debate de los/as legisladores/as y de la opinión pública en general, a fin de reflexionar sobre la calidad de las instituciones democráticas de nuestro país.
De tal forma, la Campaña está orientada a defender los derechos de todos/as los/as Ciudadanos/as y es una herramienta muy valiosa de difusión sobre la problemática que aborda.
Es por eso que por medio del presente proyecto, realizamos un llamado de atención a los distintos sectores e instituciones de la sociedad sobre esta problemática, creyendo pertinente que la Legislatura declare de interés esta iniciativa, reforzando su compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento y aprobación del presente proyecto de declaración[2].
[1] Página oficial de Facebook “Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional”
[2] Se agradece la colaboración de la Asesora Magalí Sosa y Marilina Decurgez en la elaboración del presente proyecto de resolución y los aportes realizados por los/as militantes de la Mesa Nacional por la Igualdad.