Los Derechos Humanos más que nunca en la Agenda*
El 24 de marzo de 1976 representa la expresión más acabada del terrorismo de Estado. La violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de quienes funcionaron como el brazo armado de los grandes grupos económicos, los cuales al no poder imponerse en las urnas acudieron a la fuerza para lograr instaurar las políticas que favorecieran a sus intereses. El programa neoliberal de Martínez de Hoz, llevado a su máxima expresión en la década de 1990, no hubiera sido posible sin la brutal represión que se ejerció sobre el campo popular.
El golpe significó el inicio de un período de siete años terribles que le tocaron vivir al país, donde 30 mil compañeros fueron torturados y desaparecidos por luchar por una Argentina más justa. Pensar en el 24 de marzo es recordar la existencia de centros clandestinos de detención, el robo de bebés nacidos en cautiverio, los vuelos de la muerte… Una etapa de nuestra historia donde el horror fue protagonista. Pero esta fecha nos recuerda también la heroica resistencia del campo popular, que nunca claudicó ni se rindió ante al terror que infundían los que controlaban ilegalmente el aparato represivo del Estado, que más que nunca se utilizó para el aniquilamiento del pueblo. Representa a Madres y Abuelas, quienes iniciaron hace más de 30 años un camino de búsqueda de la verdad y reclamo de justicia ante los crímenes aberrantes que cometía la dictadura.
Es casi imposible no recordar el histórico enjuiciamiento a los altos mandos militares, que empezó en 1983 con la vuelta de la democracia y que culminó en 1985 con las condenas a cadena perpetua de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti, los integrantes de la Junta Militar. La sensación de que por fin se hacía justicia se vio fuertemente debilitada cuando dos años después se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impidieron la apertura de nuevas causas y el procesamiento de mandos inferiores de las Fuerzas Armadas. Pero sería 1991 el año donde se viviera la mayor injusticia, cuando el por entonces presidente, Carlos Menem, firmó los indultos que permitieron que los mayores responsables del terrorismo de Estado salieran en libertad.
El pueblo continuó con su resistencia, su denuncia por las aberraciones cometidas y su búsqueda de justicia, y aun en los escenarios más adversos nunca bajó los brazos. Cada 24 de marzo las calles vieron al pueblo marchar bajo la consigna “Ni olvido ni perdón. Juicio y castigo a los culpables.”
Y es tan grande la fuerza del campo nacional y popular, que a pesar de las persecuciones, las desapariciones, los asesinatos y la represión sufrida a lo largo de tantos años, en 2003 se logró empezar a torcer la historia: el pueblo llegó al gobierno de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y allí llegaron también la justicia, la reivindicación de los Derechos Humanos y el fin de las políticas orientadas a los intereses de los más poderosos. En este nuevo período se anularon los indultos y se derogaron las leyes de impunidad, mientras que la nueva Corte Suprema de Justicia reafirmaba el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. Esas medidas dieron lugar a la apertura de miles de causas contra represores que actuaron en los ’70: así, año tras año desde 2003 ha crecido el número de juicios y de condenas dictadas. El año 2010 fue récord: hubo 110 fallos contra responsables de esos gravísimos delitos. Se está haciendo justicia, y quedará para siempre en la retina del pueblo la imagen de Néstor Kirchner ordenándole al general Bendini que descuelgue los cuadros de Videla y Bignone en la ESMA.
Los Derechos Humanos constituyen una de las principales políticas llevadas adelante por este proyecto iniciado por Néstor y continuado desde 2007 por Cristina. Este modelo de país viene trabajando por la promoción y la protección de los Derechos Humanos en el presente: mediante la reducción de la pobreza y la indigencia, mediante el crecimiento del empleo, mediante la incorporación de más de 2 millones de personas al sistema previsional, mediante un mayor acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, y mediante la Asignación Universal por Hijo, por mencionar algunas medidas concretas que tuvieron fuerte impacto sobre la calidad de vida de la población. También fueron y son reivindicados mediante la sanción de varias leyes que como argentinos y argentinas nos deben llenar de orgullo: la Ley de Protección Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Migraciones y la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas. Finalmente, quiero destacar que fue también en este período donde se creó el Plan Nacional contra la Discriminación, mediante el cual el INADI trabaja día a día por un país justo para todos y todas.
El 24 de marzo me genera tristeza pero también esperanza al pensar en todas las organizaciones sociales que lucharon incansablemente en pos de que se hiciera justicia. Me genera satisfacción el hecho de saber que por fin un gobierno estuvo a la altura de la historia y trabajó para que las violaciones a los Derechos Humanos no quedaran impunes. El país circula por un rumbo nuevo, muy distinto al de las últimas décadas, en donde el pueblo es el protagonista. Recordamos con mucho respeto a los compañeros y compañeras desaparecidas, honramos a quienes encarnaron la resistencia y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la garantía irrestricta de los Derechos Humanos para todos y todas.
*nota publicada en Tiempo Argentino el 24 de marzo de 2011: http://tiempo.elargentino.com/notas/los-derechos-humanos-mas-que-nunca-agenda
12 de Octubre:
Día del respeto a la Diversidad Cultural
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación, celebramos la modificación de la denominación del feriado del 12 de octubre, que desde este año dejará de llamarse "Día de la Raza", para pasar a llamarse "Día del Respeto a la Diversidad Cultural ".
Esta modificación representa un cambio sustancial en el significado que le atribuimos como sociedad a este feriado nacional, que hasta el año pasado conllevaba una carga valorativa claramente xenófoba, y que a partir de éste representa el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural que consagra nuestra constitución.
En consonancia con nuestra Constitución y los Tratados Internaciones en materia de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, el Plan Nacional Contra la Discriminación elaborado junto con las organizaciones de la sociedad civil e impulsado por Decreto del ex Presidente Néstor Kirchner, recomendaba modificar el espíritu del feriado del 12 de octubre, para convertirlo en una jornada de "reflexión histórica" y de reconocimiento de los derechos de los distintos grupos étnicos.
Por todo esto, celebramos y acompañamos la medida del Poder Ejecutivo, la cual consideramos se enmarca en un proyecto integral por alcanzar la Igualdad para todos y todas en nuestro país.
“Estamos avanzando en el reconocimiento de los derechos y la dignidad de todos los sectores. Esta es una reivindicación histórica de los pueblos originarios que ha sabido escuchar la Presidenta de la Nación. Desde la Mesa Nacional por la Igualdad celebramos este nuevo logro para la diversidad”, expresó María Rachid.
Papel Prensa, desde una perspectiva de los Derechos Humanos
La comunicación: un derecho humano que el Estado debe garantizar.
Hace algunos meses, participé de la audiencia pública por la Ley de Medios. En aquella oportunidad, dijimos algo muy parecido a lo que vengo a compartir ahora. La comunicación es un derecho humano que el Estado debe tutelar y garantizar para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Nos tomamos el trabajo de leer cuidadosamente el proyecto de ley y gran parte del extenso informe de Papel Prensa. Y, tengo que decir, que me recorre un frío sudor por la espalda de sólo pensar que un solo representante del pueblo elegido democráticamente pueda –habiendo leído ese informe o sólo la prueba documental de sus anexos- defender el terrorismo de estado ejercido en una de sus variantes.
Y aunque este proyecto está íntimamente relacionado a este tema, no voy a hablar de la venta de Papel Prensa –que en nuestra opinión no sólo fue evidentemente fraudulenta sino criminal- ya que es un tema que esperamos muy pronto resuelva la justicia.
Me interesa en cambio, traer la voz propia y colectiva, de algunas organizaciones y federaciones que trabajan por la igualdad en nuestro país, producto de la vulneración de sus derechos como consecuencia –entre otras cosas- de la discriminación.
La Mesa Nacional por la Igualdad está integrada por referentes de federaciones y organizaciones de personas migrantes, refugiados, personas con discapacidad, personas viviendo con vih/sida, lesbianas, gays, bisexuales y trans, jóvenes, adultos mayores, mujeres, afrodescendientes y otros grupos vulnerados por la discriminación y trabajando por su igualdad.
En este sentido, me gustaría compartir algunos extractos del Plan Nacional contra la Discriminación impulsado por decreto del ex Presidente Néstor Kirchner en el año 2005, en cuya elaboración participaron cientos de organizaciones en todo el país, incluidas las organizaciones de diversidad sexual desde las cuales tuve el honor de participar.
Dice el Plan Nacional: “Una de las características de la sociedad actual es la distintiva importancia que tienen los medios de comunicación masiva en la construcción de prácticas y representaciones. Esto es así, tanto que los especialistas la denominan “sociedad de la información”, aludiendo al poder que se les asigna al control de los medios de comunicación en las decisiones políticas, económicas y culturales.
Es por esto que, en 1980, la Conferencia General de la UNESCO aprobó el llamado “Informe McBride” (denominado así por el Presidente de la Comisión, el irlandés Sean MacBride), que proponía la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación sobre la base de seis principios centrales:
• Poner fin a los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación en materia de comunicación;
• Eliminar los efectos negativos de los monopolios públicos o privados y de la concentración excesiva;
• Suprimir los obstáculos internos y externos para una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada;
• Salvaguardar la identidad cultural y el derecho de cada nación a la opinión pública mundial sobre sus intereses, sus aspiraciones y sus valores sociales y culturales;
• Reconocer el derecho de todos los pueblos a participar en los intercambios internacionales de información, sobre la base de la equidad, la justicia y su interés mutuo;
• Respetar el derecho del público, de grupos étnicos y sociales, y de los individuos, a acceder a las fuentes de información y a participar activamente en los procesos de comunicación.
Entre las recomendaciones de la Comisión cabe destacar que “para estos propósitos es esencial el desarrollo comprensivo de políticas nacionales de comunicación ligadas al conjunto de los objetivos del desarrollo social, cultural y económico. Tales políticas deben prever amplias consultas con todos los sectores involucrados y adecuados mecanismos para la participación conjunta de grupos sociales organizados en su definición e implementación”.
Sin embargo, el neoliberalismo que caracterizó los años ’90, reorientó los debates sobre la comunicación hacia la “libertad de prensa”, entendida fundamentalmente como libertad de empresa, impulsados por los grandes conglomerados multimedia que hoy concentran las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), apoyados en la “convergencia digital” que difumina las barreras antes existentes en los diferentes medios (radio, televisión y prensa escrita) e incluso entre diferentes sectores (telecomunicaciones, informática y comunicación de masas).
La sociedad civil junto a algunos gobiernos nacionales que intentan recuperar su capacidad de decisión en estos temas, no ha abandonado la lucha por la democratización de la información y la comunicación frente a una transnacionalización comercial cada día mayor del espacio mediático, que reactualiza el dilema: la comunicación, ¿es un rubro más del mercado o un derecho humano?”
Y en ese dilema, nuestra posición es clara: la comunicación y la información son derechos humanos que hacen al ejercicio de la democracia. Entonces, el acceso a estos derechos es claramente de interés público y debe ser garantizado y tutelado por el Estado.
La diversidad y los medios de comunicación.
Si hay algo que tenemos claro los grupos vulnerados por la discriminación es que “cada medio adscribe a una orientación político-ideológica, que impregna no sólo las editoriales sino los contenidos, creando la ilusión de objetividad informativa que en realidad es equívoca, puesto que se trata de una selección consciente. Los referentes consultados, los temas y datos elegidos, avalan la postura editorial y, en ciertos temas ligados a los intereses corporativos del sector, la manipulación de la información es muy ostensible.”
Más allá de alguna noticia en la que logramos captar la atención de algunos medios –generalmente a partir de la creación de algún circo mediático que amerite su difusión- nuestras voces pocas veces están en los medios masivos de comunicación. Nuestros referentes no son convocados a opinar salvo desde el lugar de lo exótico y desde un interés que nos es casi siempre ajeno.
Los grupos vulnerados por la discriminación son exhibidos con psicólogos, psiquiatras, médicos, sacerdotes, sociólogos, filósofos y/o abogados para hablar por nosotros y de nosotros, reservándonos –a veces- el lugar del testimonio, del objeto de estudio o de lo extraño.
Ser escuchado es un derecho humano. Encontrarse en las voces de otros, es un derecho humano. Mostrar la diversidad en la sociedad nos enriquece y nos fortalece, hace a la construcción de la personalidad y la identidad de las personas. Pero a pocos medios les interesa mostrar la diversidad desde el lugar de lo legítimo y valioso y no desde lo curioso o el chiste.
En general, nuestras familias no se ven en las series ni películas de ficción, salvo para contar alguna historia sórdida o extravagante. Nosotras y nosotros nos enamoramos, tenemos familias, nuestros hijos e hijas van a la escuela, contamos con encuentros y desencuentros afectivos, problemas económicos y de diván. Pero nuestras voces –las de migrantes, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otras y otros- son en general invisibilizadas y silenciadas por medios que responden ni siquiera a las mayorías, sino a los intereses de una minoría que genera, a través de éstos, parámetros de normalidad y necesidad que le son política y financieramente convenientes. Es innegable la capacidad de manipulación en la información de la llamada “opinión pública” para beneficio de sus intereses económicos e ideológicos, con la consecuente concentración de poder que esto implica.
La aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, fue posible gracias a el compromiso de muchas organizaciones sociales y partidos políticos de casi todos los sectores, fue posible por el compromiso de un gobierno nacional que se enfrentó a los sectores que pretendían excluirnos del derecho a la igualdad, fue posible gracias al compromiso de la sociedad en su conjunto, sus referentes culturales, académicos, gremiales, estudiantiles. Fue posible gracias al trabajo de cientos de activistas en todo el país. Pero también, en alguna medida, fue posible porque el Grupo Clarín no se opuso al reclamo como sí ocurrió con –por ejemplo- las retenciones móviles. Y aunque agradezco la suerte de que así haya sido con el derecho al matrimonio… Sinceramente, quiero vivir en una sociedad en donde la opinión de una empresa o de un sector económico no sea relevante a la hora de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas o la redistribución de la riqueza.
Es claro -y además innegable- que, como dice el proyecto, “controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, es controlar la información”. Y el control de la información y la comunicación, en tanto derechos humanos, no pueden estar en manos de un sector económico.
Por eso, me parece importante convocarnos a dejar la hipocresía –o la especulación política- de lado cuando se presenta a la sociedad este tema como un problema entre Clarín y el Gobierno. Todos y todas sabemos que el Grupo Clarín –entre otros- no es un problema de Néstor Kirchner, ni del Gobierno, ni del oficialismo. El Grupo Clarín –utilizándolo como paradigma de los monopolios de comunicación y ahora también agregaría como partícipe del terrorismo de estado- es un problema para todos los argentinos y argentinas.
Ya es indignante ver como todos los debates parlamentarios están cruzados por la especulación política de quienes son capaces de votar en contra de sus propias banderas históricas sólo para no permitir que, por ejemplo, los recursos del estado sean administrados por quienes fueron votados democráticamente para hacerlo o para perjudicar a quienes producto de la democracia hoy ejercen el Poder Ejecutivo y la Administración Pública.
Hemos sido testigos presenciales de cómo esto sucedía con algunos sectores en el debate de matrimonio igualitario, pero también como ciudadanos y ciudadanas lo hemos visto en el debate por los fondos de las afjp, la estatización de aerolíneas argentinas, entre tantos otros.
Les pedimos, reclamamos, a nuestros representantes del poder legislativo, que no especulen a costa de la democracia, los derechos y la felicidad de los argentinos y argentinas.
La venta discriminada del papel prensa, o iría más allá, su acceso no tutelado desde el Estado, obstaculiza la verdadera libertad de expresión concentrando y homogenizando además un discurso que discrimina y estigmatiza a las diversidades. Como dijimos, la comunicación, la información son derechos humanos íntimamente relacionados al ejercicio de la democracia, no son una actividad comercial y económica del libre mercado. Y el Estado DEBE garantizar que así sea.
Dice el proyecto que hoy tenemos una “democracia tutelada desde los intereses de quienes controlan el papel”. Es cierto, pero, hasta qué punto se puede pensar en la existencia de tal entelequia? ¿La democracia es democracia si está siendo tutelada por quienes controlan el papel? La democracia hay que defenderla en todas sus aristas, y no sólo en la política. Si no, no es una verdadera democracia. Esto quiere decir, que todavía los argentinos y argentinas estamos librando las últimas batallas por una verdadera democracia. En ese sentido, para promover un modelo comunicacional y cultural que respete y celebre la democracia y la diversidad, es necesario garantizar el acceso democrático a los medios de producción de esa comunicación e información.
Esperamos que esta nueva ley, seguramente bastardeada por los intereses de los poderosos de siempre y quienes responden a ellos, permita que surjan nuevos medios gráficos y nuevas voces. El respeto a la diversidad no es compatible con monopolios que concentran la comunicación y hegemonizan los discursos.
Y la diversidad no es un dato nuevo en nuestra sociedad, es una característica de nuestro país que se nutrió de inmigrantes y refugiados, entenderlo así nos debe permitir construir los canales de comunicación y la democratización de su acceso para que se exprese el pluralismo social y cultural que históricamente nos caracterizo como país. Estamos convencidos y convencidas que Argentina será un país mucho mejor si defendemos y profundizamos la democracia y -en el mismo sentido- si permitimos la expresión de las diversidades. Celebramos el poder estar hoy acá defendiendo una parte de la construcción de esa posibilidad.
Nos tomamos el trabajo de leer cuidadosamente el proyecto de ley y gran parte del extenso informe de Papel Prensa. Y, tengo que decir, que me recorre un frío sudor por la espalda de sólo pensar que un solo representante del pueblo elegido democráticamente pueda –habiendo leído ese informe o sólo la prueba documental de sus anexos- defender el terrorismo de estado ejercido en una de sus variantes.
Y aunque este proyecto está íntimamente relacionado a este tema, no voy a hablar de la venta de Papel Prensa –que en nuestra opinión no sólo fue evidentemente fraudulenta sino criminal- ya que es un tema que esperamos muy pronto resuelva la justicia.
Me interesa en cambio, traer la voz propia y colectiva, de algunas organizaciones y federaciones que trabajan por la igualdad en nuestro país, producto de la vulneración de sus derechos como consecuencia –entre otras cosas- de la discriminación.
La Mesa Nacional por la Igualdad está integrada por referentes de federaciones y organizaciones de personas migrantes, refugiados, personas con discapacidad, personas viviendo con vih/sida, lesbianas, gays, bisexuales y trans, jóvenes, adultos mayores, mujeres, afrodescendientes y otros grupos vulnerados por la discriminación y trabajando por su igualdad.
En este sentido, me gustaría compartir algunos extractos del Plan Nacional contra la Discriminación impulsado por decreto del ex Presidente Néstor Kirchner en el año 2005, en cuya elaboración participaron cientos de organizaciones en todo el país, incluidas las organizaciones de diversidad sexual desde las cuales tuve el honor de participar.
Dice el Plan Nacional: “Una de las características de la sociedad actual es la distintiva importancia que tienen los medios de comunicación masiva en la construcción de prácticas y representaciones. Esto es así, tanto que los especialistas la denominan “sociedad de la información”, aludiendo al poder que se les asigna al control de los medios de comunicación en las decisiones políticas, económicas y culturales.
Es por esto que, en 1980, la Conferencia General de la UNESCO aprobó el llamado “Informe McBride” (denominado así por el Presidente de la Comisión, el irlandés Sean MacBride), que proponía la construcción de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación sobre la base de seis principios centrales:
• Poner fin a los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación en materia de comunicación;
• Eliminar los efectos negativos de los monopolios públicos o privados y de la concentración excesiva;
• Suprimir los obstáculos internos y externos para una circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada;
• Salvaguardar la identidad cultural y el derecho de cada nación a la opinión pública mundial sobre sus intereses, sus aspiraciones y sus valores sociales y culturales;
• Reconocer el derecho de todos los pueblos a participar en los intercambios internacionales de información, sobre la base de la equidad, la justicia y su interés mutuo;
• Respetar el derecho del público, de grupos étnicos y sociales, y de los individuos, a acceder a las fuentes de información y a participar activamente en los procesos de comunicación.
Entre las recomendaciones de la Comisión cabe destacar que “para estos propósitos es esencial el desarrollo comprensivo de políticas nacionales de comunicación ligadas al conjunto de los objetivos del desarrollo social, cultural y económico. Tales políticas deben prever amplias consultas con todos los sectores involucrados y adecuados mecanismos para la participación conjunta de grupos sociales organizados en su definición e implementación”.
Sin embargo, el neoliberalismo que caracterizó los años ’90, reorientó los debates sobre la comunicación hacia la “libertad de prensa”, entendida fundamentalmente como libertad de empresa, impulsados por los grandes conglomerados multimedia que hoy concentran las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), apoyados en la “convergencia digital” que difumina las barreras antes existentes en los diferentes medios (radio, televisión y prensa escrita) e incluso entre diferentes sectores (telecomunicaciones, informática y comunicación de masas).
La sociedad civil junto a algunos gobiernos nacionales que intentan recuperar su capacidad de decisión en estos temas, no ha abandonado la lucha por la democratización de la información y la comunicación frente a una transnacionalización comercial cada día mayor del espacio mediático, que reactualiza el dilema: la comunicación, ¿es un rubro más del mercado o un derecho humano?”
Y en ese dilema, nuestra posición es clara: la comunicación y la información son derechos humanos que hacen al ejercicio de la democracia. Entonces, el acceso a estos derechos es claramente de interés público y debe ser garantizado y tutelado por el Estado.
La diversidad y los medios de comunicación.
Si hay algo que tenemos claro los grupos vulnerados por la discriminación es que “cada medio adscribe a una orientación político-ideológica, que impregna no sólo las editoriales sino los contenidos, creando la ilusión de objetividad informativa que en realidad es equívoca, puesto que se trata de una selección consciente. Los referentes consultados, los temas y datos elegidos, avalan la postura editorial y, en ciertos temas ligados a los intereses corporativos del sector, la manipulación de la información es muy ostensible.”
Más allá de alguna noticia en la que logramos captar la atención de algunos medios –generalmente a partir de la creación de algún circo mediático que amerite su difusión- nuestras voces pocas veces están en los medios masivos de comunicación. Nuestros referentes no son convocados a opinar salvo desde el lugar de lo exótico y desde un interés que nos es casi siempre ajeno.
Los grupos vulnerados por la discriminación son exhibidos con psicólogos, psiquiatras, médicos, sacerdotes, sociólogos, filósofos y/o abogados para hablar por nosotros y de nosotros, reservándonos –a veces- el lugar del testimonio, del objeto de estudio o de lo extraño.
Ser escuchado es un derecho humano. Encontrarse en las voces de otros, es un derecho humano. Mostrar la diversidad en la sociedad nos enriquece y nos fortalece, hace a la construcción de la personalidad y la identidad de las personas. Pero a pocos medios les interesa mostrar la diversidad desde el lugar de lo legítimo y valioso y no desde lo curioso o el chiste.
En general, nuestras familias no se ven en las series ni películas de ficción, salvo para contar alguna historia sórdida o extravagante. Nosotras y nosotros nos enamoramos, tenemos familias, nuestros hijos e hijas van a la escuela, contamos con encuentros y desencuentros afectivos, problemas económicos y de diván. Pero nuestras voces –las de migrantes, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otras y otros- son en general invisibilizadas y silenciadas por medios que responden ni siquiera a las mayorías, sino a los intereses de una minoría que genera, a través de éstos, parámetros de normalidad y necesidad que le son política y financieramente convenientes. Es innegable la capacidad de manipulación en la información de la llamada “opinión pública” para beneficio de sus intereses económicos e ideológicos, con la consecuente concentración de poder que esto implica.
La aprobación del matrimonio igualitario, por ejemplo, fue posible gracias a el compromiso de muchas organizaciones sociales y partidos políticos de casi todos los sectores, fue posible por el compromiso de un gobierno nacional que se enfrentó a los sectores que pretendían excluirnos del derecho a la igualdad, fue posible gracias al compromiso de la sociedad en su conjunto, sus referentes culturales, académicos, gremiales, estudiantiles. Fue posible gracias al trabajo de cientos de activistas en todo el país. Pero también, en alguna medida, fue posible porque el Grupo Clarín no se opuso al reclamo como sí ocurrió con –por ejemplo- las retenciones móviles. Y aunque agradezco la suerte de que así haya sido con el derecho al matrimonio… Sinceramente, quiero vivir en una sociedad en donde la opinión de una empresa o de un sector económico no sea relevante a la hora de avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas o la redistribución de la riqueza.
Es claro -y además innegable- que, como dice el proyecto, “controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre, es controlar la información”. Y el control de la información y la comunicación, en tanto derechos humanos, no pueden estar en manos de un sector económico.
Por eso, me parece importante convocarnos a dejar la hipocresía –o la especulación política- de lado cuando se presenta a la sociedad este tema como un problema entre Clarín y el Gobierno. Todos y todas sabemos que el Grupo Clarín –entre otros- no es un problema de Néstor Kirchner, ni del Gobierno, ni del oficialismo. El Grupo Clarín –utilizándolo como paradigma de los monopolios de comunicación y ahora también agregaría como partícipe del terrorismo de estado- es un problema para todos los argentinos y argentinas.
Ya es indignante ver como todos los debates parlamentarios están cruzados por la especulación política de quienes son capaces de votar en contra de sus propias banderas históricas sólo para no permitir que, por ejemplo, los recursos del estado sean administrados por quienes fueron votados democráticamente para hacerlo o para perjudicar a quienes producto de la democracia hoy ejercen el Poder Ejecutivo y la Administración Pública.
Hemos sido testigos presenciales de cómo esto sucedía con algunos sectores en el debate de matrimonio igualitario, pero también como ciudadanos y ciudadanas lo hemos visto en el debate por los fondos de las afjp, la estatización de aerolíneas argentinas, entre tantos otros.
Les pedimos, reclamamos, a nuestros representantes del poder legislativo, que no especulen a costa de la democracia, los derechos y la felicidad de los argentinos y argentinas.
La venta discriminada del papel prensa, o iría más allá, su acceso no tutelado desde el Estado, obstaculiza la verdadera libertad de expresión concentrando y homogenizando además un discurso que discrimina y estigmatiza a las diversidades. Como dijimos, la comunicación, la información son derechos humanos íntimamente relacionados al ejercicio de la democracia, no son una actividad comercial y económica del libre mercado. Y el Estado DEBE garantizar que así sea.
Dice el proyecto que hoy tenemos una “democracia tutelada desde los intereses de quienes controlan el papel”. Es cierto, pero, hasta qué punto se puede pensar en la existencia de tal entelequia? ¿La democracia es democracia si está siendo tutelada por quienes controlan el papel? La democracia hay que defenderla en todas sus aristas, y no sólo en la política. Si no, no es una verdadera democracia. Esto quiere decir, que todavía los argentinos y argentinas estamos librando las últimas batallas por una verdadera democracia. En ese sentido, para promover un modelo comunicacional y cultural que respete y celebre la democracia y la diversidad, es necesario garantizar el acceso democrático a los medios de producción de esa comunicación e información.
Esperamos que esta nueva ley, seguramente bastardeada por los intereses de los poderosos de siempre y quienes responden a ellos, permita que surjan nuevos medios gráficos y nuevas voces. El respeto a la diversidad no es compatible con monopolios que concentran la comunicación y hegemonizan los discursos.
Y la diversidad no es un dato nuevo en nuestra sociedad, es una característica de nuestro país que se nutrió de inmigrantes y refugiados, entenderlo así nos debe permitir construir los canales de comunicación y la democratización de su acceso para que se exprese el pluralismo social y cultural que históricamente nos caracterizo como país. Estamos convencidos y convencidas que Argentina será un país mucho mejor si defendemos y profundizamos la democracia y -en el mismo sentido- si permitimos la expresión de las diversidades. Celebramos el poder estar hoy acá defendiendo una parte de la construcción de esa posibilidad.
Argentina por la Igualdad
Foto: Javier FuentesDesigualdad y Diferencia
Nuestro país está transitando el camino hacia la Igualdad, hacia la igualdad jurídica y la igualdad social. Aspirar a esta igualdad es celebrar, con sinceridad, las diferencias. Trabajar por esta igualdad es deconstruir cualquier aspiración a una sociedad de iguales, porque diferencia y desigualdad no es lo mismo. Las diferencias entre los ciudadanos y ciudadanas nos enriquecen, nos fortalecen como sociedad y reconocerlas con alegría nos hace a todos y todas, más libres. La desigualdad, sin embargo, nos empobrece, nos hace miserables y por sobre todas las cosas, nos excluye a todas y todos.
Los temas de diversidad y no discriminación pueden ser abordados desde distintas perspectivas. Una es la liberal clásica que lo plantea como un tema de “derechos civiles” y la otra, que comparto, considera estos temas como un problema de igualdad y por lo tanto de justicia social colectiva y no como la mera consagración de derechos individuales.
La matriz de la discriminación y la exclusión es la misma para todas las personas: migrantes, indígenas, jóvenes, afrodescendientes, personas en situación de pobreza, adultos mayores, gays, lesbianas, bisexuales, trans, personas con discapacidad, mujeres, personas viviendo con vih, entre otros y otras... Todas las personas estamos en algunos de estos grupos, hemos estado, vamos a estar o podemos estar. Incluir a todos y todas, nos incluye a todos y todas.
Una sociedad que respeta la diversidad, es una sociedad que respeta a sus ciudadanos y ciudadanas. Por eso, entender el trabajo por la igualdad social respetando las diferencias es entender las dos caras de una misma moneda. Es entender el origen de todos los problemas de la sociedad.
La experiencia del matrimonio igualitario.
La idea del matrimonio igualitario en Argentina, nació y se afianzó en una sociedad que se está abriendo camino hacia la libertad, la igualdad y la justicia.
En aquel momento la prioridad de las organizaciones de diversidad sexual era luchar contra la represión policial y la situación de extrema marginación y opresión en la que vivían la mayoría de los argentinos y argentinas y que se agravaba profundamente en la comunidad LGBT, así como en otros grupos, producto de la discriminación.
La Argentina estalló en una crisis que debilitó a aquellas instituciones del Estado desde donde provenía esa opresión y fortaleció a la sociedad civil organizada. En ese contexto, se aprueba la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre del 2002. Sus efectos jurídicos y territoriales eran limitados, pero sus efectos culturales marcaron el comienzo de un Estado que, por primera vez, se vio obligado a considerar la diversidad familiar y en el mismo sentido el reconocimiento de la dignidad de las personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans).
Pero la Igualdad para nuestras familias todavía parecía una utopía. Era una parte de esas máximas políticas que llevamos como bandera pero que en algún lugar sentimos que nos quedan muy lejos.
Holanda, Bélgica, Sudáfrica… eran los países que habían aprobado el matrimonio igualitario en aquella época. La igualdad quedaba, literalmente, muy lejos.
Sin embargo –cuando la igualdad parecía imposible- suceden dos hechos históricos que inyectan de esperanza a las reivindicaciones LGBT.
Por un lago, se aprueba en España el matrimonio para parejas del mismo sexo. Aquello que parecía imposible, se hace realidad en un país culturalmente parecido a Argentina, en una sociedad cercana, con un enemigo común para este tipo de reivindicaciones: una jerarquía eclesiástica que insiste en tapar el sol con las manos. A partir de este hecho, en el año 2005, el Partido Socialista presenta el primer proyecto por el matrimonio igualitario en nuestro país, junto con la Federación Argentina LGBT.
Por otro lado, en ese mismo año, el Estado Argentino por primera vez convoca a las organizaciones de diversidad sexual a elaborar y describir las políticas públicas necesarias para la diversidad sexual, que quedan plasmadas en un primer momento en el Plan Nacional contra la Discriminación impulsado por un decreto del ex Presidente Néstor Kirchner.
Luego, también por primera vez en la historia, a partir de la gestión de María José Lubertino, se convoca a las organizaciones de diversidad sexual a –con y desde el Estado- desarrollar esas políticas públicas en conjunto, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, aceptando y tomando la agenda del movimiento LGBT, que muy pronto recibió el apoyo del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el compromiso activo de quien en ese entonces era Ministro del Interior, luego Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y ahora Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La presencia activa del Estado al momento de generar las condiciones necesarias para lograr la Igualdad en nuestro país fue fundamental. De ahí en más, la Federación Argentina LGBT, junto con el INADI, emprendimos todos los caminos hacia el matrimonio igualitario.
Derechos e igualdad
El matrimonio igualitario era la consagración no sólo del acceso a los derechos que garantiza el matrimonio, sino el reconocimiento de la igualdad jurídica para nuestras familias y la dignidad para las personas LGBT.
Por supuesto que, en la vida cotidiana de muchas personas, los derechos que garantiza el matrimonio pueden ser fundamentales. Compartir una obra social, heredarle los bienes o dejarle una pensión a tu compañero o compañera con quien compartiste muchos años de tu vida, y/o a tus hijos e hijas, son derechos importantes que les deben ser reconocidos a todas las familias, y no sólo a algunas familias.
Pero el objetivo de la ley de matrimonio iba más allá de los derechos. La igualdad jurídica, herramienta indispensable para la igualdad social, instaló a esta ley como una propuesta de máxima innegociable. La igualdad reconocida por el Estado contribuye profundamente en la lucha contra la discriminación y la violencia hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans que se manifiesta en el trabajo, en la familia, en los hospitales, en todos los ámbitos de la vida de las personas. Este reconocimiento que se acaba de aprobar en nuestro país ya le está cambiando la vida a gays, lesbianas, bisexuales, trans… decidan o no casarse.
El contexto social y político para el camino hacia la igualdad.
Todo esto pudo desarrollarse en un contexto social y político determinado, con un Gobierno Nacional dispuesto a trabajar en generar los consensos necesarios entre quienes podían tener dudas, quienes necesitaban información o incluso quienes pudieran tener algunas diferencias, pero también un Gobierno Nacional que sabe enfrentarse a quienes tienen intereses creados en contra de la igualdad y la justicia.
Un gobierno nacional que intenta -en cada juicio a los represores, torturadores y sus cómplices- terminar con la injusticia y la impunidad que perpetuaron todos los gobiernos anteriores desde la última dictadura. Un gobierno nacional que tomó las medidas económicas necesarias para fomentar el empleo y derogó las leyes de flexibilización laboral, un gobierno nacional que se rebeló a las recetas internacionales que querían –nuevamente- someternos a las conveniencias económicas de otros países, nacionalizó Aerolíneas Argentinas y estatizó los fondos de las AFJP.
Un gobierno nacional que se negó a al ajuste a los trabajadores, que pensó en planes de consumo, consagró la asignación universal por hijo, le aumentó a los jubilados, aprobó la movilidad jubilatoria, ingresó a 1.800.000 personas al sistema de aportes previsionales, aumentó el salario de los trabajadores, entre otras medidas que reconocieron derechos y fomentaron el consumo y la producción.
Un gobierno nacional que priorizó temas que eran un reclamo histórico de muchos sectores: la ley de violencia de género, la ley de obesidad, la ley contra la trata de personas y, por supuesto, la ley de matrimonio igualitario, entre otras.
Un gobierno nacional que aprobó una nueva ley de medios de comunicación terminando con los monopolios mediáticos que tanto daño le hacen no sólo a la comunicación sino a la política y la sociedad Argentina. Monopolios que han sido cómplices de la desigualdad y la discriminación y han contribuido históricamente a perpetuar en el poder a quienes defienden sus privilegios.
Un gobierno nacional, en definitiva, inscripto en un proyecto de país para todos y todas y no para unos pocos.
La agenda pendiente.
Todavía queda mucho por hacer. Todavía hay mucha injusticia y desigualdad en nuestro país. Todavía falta terminar con la pobreza, reconocer las tierras de los pueblos indígenas, hacer de nuestro país un territorio accesible para todas las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, falta reconocer y fomentar el aporte de la diversidad cultural y étnica que hay en nuestro país, falta reconocer a todos los conscriptos veteranos de la guerra del Atlántico Sur, falta respetar la diversidad religiosa, falta una ley de identidad de género y atención sanitaria para las personas trans, falta derogar los códigos de faltas y contravencionales en todo el país, falta generar mejores mecanismos para el trabajo contra todo tipo de discriminación y violencia hacia cualquier sector de nuestra sociedad, falta educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, falta aprobar una ley antidiscriminatoria que nos incluya a todos y todas y sea una herramienta eficaz contra la discriminación… faltan reconocer muchos derechos, desarrollar muchas políticas públicas.
En el contexto de un proyecto nacional de integración social, donde existe una diversidad de colectivos que ven vulnerados sus derechos por prácticas discriminatorias, debemos impulsar políticas sociales de promoción de la igualdad que van desde iniciativas de reparación simbólica hasta el desarrollo de institucionalidades y legislación.
Pero los hechos nos demuestran que éste es el camino. Éste es el proyecto que se compromete con la justicia, la igualdad y la felicidad de los argentinos y argentinas. Este es el modelo de país que debate democráticamente sin miedo a enfrentarse a quienes quieren conservar sus privilegios a costa de la felicidad de los argentinos y argentinas.
Es por todo esto que me sumo al trabajo por la continuidad de este modelo de país para que sigamos construyendo una Argentina para todos y todas.
